Juez federal anula orden del gobierno de poner fin al TPS 2021 y 2023

El juez federal, Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco (California), anuló este viernes la orden del Gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 y 2023 a decenas de miles de venezolanos. La orden aplica para todos los venezolanos beneficiarios del TPS para que tenga vigencia al menos hasta octubre de 2026.

De acuerdo con una nota de Telemundo, la decisión también aplica para los haitianos, que enfrentaban el fin de su permiso este mismo mes. En total son más de 1 millón de beneficiarios.

Cabe recordar que la Administración Trump anunció el pasado miércoles la cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) del que dependen más de 250,000 inmigrantes venezolanos y que está previsto para expirar el 10 de septiembre.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció este miércoles la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela. Foto: Redes Sociales.

Con este nuevo fallo del juez de distrito de San Francisco Edward Chen, queda anulada la orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que cancelaba la protección de los tepesianos.

El Gobierno de Donald Trump, sin embargo, todavía tiene activas advertencias contra viajar a Venezuela y Haití, países que según el gobierno presentan crisis sociopolíticas y peleas de pandillas, respectivamente.

Esta nueva decisión del juez federal es resultado de la Alianza Nacional del TPS y siete beneficiarios del Estatus de Protección Temporal que presentaron en el mes de julio una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, alegando que su decisión de poner fin al TPS para nicaraguenses y hondureños era “ilegal” y dejaba expuestas a la deportación a personas que han vivido en Estados Unidos por décadas.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California argumenta que la decisión de no renovar el TPS —vigente desde 1999 y cuya última extensión venció el 5 de julio— fue “arbitraria y caprichosa”, y violó la Ley de Procedimiento Administrativo, y no se basó en “una revisión objetiva” de las condiciones en Nicaragua y Honduras sino “en una decisión política destinada a desmantelar el programa”, refirió la nota de Telemundo.