Controversias en la política de inmigración: La Cámara Baja aprueba la Ley Laken Riley

Por: Valentina Murcia

Washington. – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que podría marcar un hito en la política de inmigración del país. Conocida como la Ley Laken Riley, esta legislación exige la detención de migrantes que se encuentren en el país sin autorización y que hayan sido acusados de delitos como robo y otros crímenes violentos. Este es un movimiento significativo, dado que es la primera medida que podría ser promulgada por el presidente Donald Trump desde que asumió nuevamente el cargo.

La Ley Laken Riley se nombra en memoria de una estudiante de enfermería de Georgia, cuyo trágico asesinato por un migrante venezolano el año pasado propulsó el debate sobre la seguridad y el crimen en relación con la inmigración. La votación final resultó en 263 votos a favor y 156 en contra, con el apoyo de un grupo notable de 46 demócratas que decidieron alinearse con los republicanos, poniendo de relieve la presión política en torno al tema de la inmigración.

Este proyecto representa un cambio radical en la política migratoria de los Estados Unidos, especialmente con respecto al endurecimiento de las medidas contra aquellos migrantes que cometen delitos. La senadora republicana Katie Britt afirmó que esta podría ser la legislación migratoria más relevante aprobada en casi 30 años. Sin embargo, la falta de financiamiento para poner en marcha esta ley genera preocupación sobre su viabilidad y efectividad, refirieron agencias internacionales.

De acuerdo con la nueva legislación, las autoridades federales estarán obligadas a arrestar a cualquier migrante que haya sido arrestado o acusado de delitos menores, como el robo en tiendas. Además, el alcance del proyecto se expandió para incluir a aquellos acusados de agredir a agentes de la ley o causar lesiones graves o la muerte. Estas disposiciones han suscitado reacciones críticas por parte de los demócratas, quienes advierten que tal enfoque podría vulnerar los derechos de los migrantes y minar el debido proceso.

Las tensiones políticas se agudizan debido a la capacidad de los fiscales generales estatales para demandar al gobierno federal por decisiones de inmigración. Esta nueva facultad podría llevar a un aumento en la discrepancia y fragmentación en la implementación de políticas migratorias a nivel estatal, complicando aún más un tema ya de por sí polarizado.

Mientras tanto, aunque una mayoría de los estadounidenses apoya la deportación de inmigrantes condenados por delitos violentos, solo un 37% está a favor de deportar a quienes se encuentran en el país de manera ilegal, pero sin antecedentes penales. Esta discrepancia en la opinión pública sugiere que la Ley Laken Riley podría no contar con el respaldo popular necesario para un éxito rotundo.

*Información y datos tomados de Agencias.