Ciudadanía en peligro: Jueces detienen el Decreto de Trump sobre los nacidos en EE. UU.

Por: Valentina Murcia

Washington.- La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo capítulo, tras la decisión de un juez en Washington que bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Esta medida, que estaba programada para entrar en vigor el 20 de febrero de 2025, tenía como objetivo acabar con el derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes no ciudadanos que nacen en el país. Este giro en los acontecimientos marca una victoria inicial para aquellos que defienden este derecho constitucional.

El sistema legal ha comenzado a responder con fuerza. Hasta el momento, se han presentado cinco demandas en contra de la orden ejecutiva de Trump, y un grupo de estados, incluidos Washington, Arizona, Illinois y Oregón, se encuentra detrás de uno de los casos más destacados. Los demandantes argumentan que la Enmienda 14 de la Constitución de EE. UU., que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, está siendo amenazada. Con esta enmienda, se busca proteger a todos los niños nacidos en el suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

En otro frente legal, la jueza Deborah L. Boardman, en Maryland, ha programado una audiencia para el 5 de febrero en un caso liderado por organizaciones como CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP). Este litigio defiende a las mujeres embarazadas que se verían directamente afectadas por la nueva política, destacando el impacto que la orden podría tener sobre decenas de miles de futuros ciudadanos. Las organizaciones han expresado su preocupación de que esta medida dejaría a muchas familias en un inhóspito limbo legal.

El fundamento de la orden ejecutiva de Trump se basa en la afirmación de que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción estadounidense. Según el texto, las agencias federales no deberían reconocer como ciudadanos a los hijos nacidos de padres que no son ciudadanos. Esta interpretación ha suscitado críticas severas, ya que se considera que socava derechos fundamentales y desdibuja principios constitucionales que han sido aceptados durante más de un siglo.

Las demandas en curso se centran no solo en la falta de autoridad de Trump para revocar un derecho protegido por la Constitución, sino también en el profundo impacto que esta medida tendría en la identidad y estructura democrática de Estados Unidos. El principio de jus soli, que otorga la ciudadanía a todos los nacidos en el país, ha sido una piedra angular de la política migratoria estadounidense.

El desafío legal enfrenta a Trump con una realidad significativa: modificar la ciudadanía por nacimiento a través de una orden ejecutiva no es viable. La última alternativa sería una enmienda constitucional, un proceso que necesitaría un apoyo abrumador en el Congreso y la ratificación por parte de los estados, un objetivo que muchos consideran extremadamente difícil de alcanzar.

Las repercusiones de esta batalla legal son enormes. No solo determinarán el futuro de la ciudadanía por nacimiento, sino que también sentarán precedentes importantes sobre el uso de órdenes ejecutivas para alterar derechos fundamentales. A medida que el caso avanza, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los tribunales, con la esperanza de que se mantenga el principio que ha permitido que generaciones de estadounidenses se consideren ciudadanos por derecho de nacimiento.

En este contexto de incertidumbre, la decisión del juez de Washington ofrece un respiro a quienes defienden los derechos de los inmigrantes y la ampliación de la ciudadanía. En última instancia, la lucha por la ciudadanía no solo representa un debate legal; simboliza las luchas más amplias por la justicia, la igualdad y la identidad en una nación que se considera un crisol de culturas y oportunidades.

*Con información de agencias.